Nuevas reglas del sector privado: el no sobre el sí


Cuando faltaban pocos días para que se cumpliera un año de la hibernación en que fue puesto el trabajo por cuenta propia en Cuba, vio la luz finalmente el nuevo marco regulatorio.

El propio nombre con que fue bautizada esta reorganización, “proceso de perfeccionamiento”, daba la idea de que, llegado este día, todos festejaríamos la aparición de un grupo de soluciones que pondrían justo orden en la vida de los negocios privados. Pero, de nuevo, la botella para la celebración no será descorchada.

No se trata de que no existan aspectos positivos en la nueva normativa. Los hay. La obligación de utilizar contratos para el uso de fuerza de trabajo, el aumento de los límites de gastos autorizados a deducir para el pago del impuesto a los ingresos personales y la penalización de actitudes discriminatorias por el color de la piel, género y orientación sexual son buenos ejemplos. El experimento del transporte en La Habana también tiene potencialidades, siempre y cuando se logre atraer a los boteros y transportistas.

Un taxi con licencia privada indica su recorrido con la mano en La Habana, el martes 10 de julio de 2018. Foto: Desmond Boylan / AP.

Pero lo primero que salta a la vista luego de estudiar las normas legales, es que los problemas que se pretendía resolver con ellas seguirán expresándose en la vida diaria de los negocios. No se atacaron sus verdaderas causas: el mercado negro, las indisciplinas fiscales, el uso de prestanombres o “testaferros” y otras ilegalidades sobrevivirán a este intento “perfeccionador”.

En sociedades mucho más organizadas que la nuestra y con sólidos mecanismos de control, el combate contra ese tipo de ilegalidades es pan diario de los gobiernos. Es poco probable que entre nosotros se contengan solo a través de medidas administrativas sin cambios estructurales y medidas económicas.

En los documentos divulgados abunda lo burocrático, los trámites, inspecciones e inspectores, órganos de control y niveles de aprobación. Son los mismos mecanismos aplicados en otras esferas de la vida nacional y que han demostrado poca efectividad.

Las autoridades han insistido en que satisfacen algunas solicitudes de los propios trabajadores por cuenta propia. Pero las que se piden a gritos, y que tendrían un mayor impacto, siguen brillando por su ausencia.

Continuamos echando en falta los mercados mayoristas (en ocho años solo han abierto uno). Seguimos anhelando un sistema tributario realista y flexible. Deseamos la autorización para realizar importaciones con carácter comercial.

Un barbero rasura a un cliente en su negocio privado en La Habana, el martes 10 de julio de 2018. Foto: Desmond Boylan / AP.

Algo de lo más trascendente entre lo anunciado es el nuevo mecanismo para la solicitud y otorgamiento de las licencias, especialmente en el grupo de actividades económicas más demandadas y que fueron “congeladas”. Se introduce la presentación de un escrito de solicitud, que contendrá, entre otras cosas, una declaración jurada sobre el origen del financiamiento y las inversiones a ejecutar para comenzar la actividad.

Igualmente aparecen nuevos niveles de valoración de los negocios para varias licencias en los Consejos de las Administraciones Municipales y Provinciales.

Mediante grupos multidisciplinarios en ambos niveles, en dependencia del tipo de actividad, se evaluará caso a caso las propuestas para certificar que se cumple lo establecido por la ley. Con posterioridad a la aprobación, que puede tardar entre uno y tres meses, la Dirección Integral de Supervisión deberá visitar el negocio para certificar que cumple las características que le fueron aprobadas.

Muchos de los cambios que han destacado las autoridades son simples actualizaciones ante fenómenos que vienen ocurriendo hace años con naturalidad. Es ese el caso de la fusión de un grupo de licencias que permitió disminuirlas desde 201 hasta 123 y la aparición de los permisos para bares que ya de hecho existían.

De la misma manera, se han unificado en un solo documento elementos dispersos en varias regulaciones. La trascendencia de ello es meramente burocrática. La vida va más rápido que la mano del que escribe decretos leyes y resoluciones.

En materia de infracciones y sanciones también hubo añadiduras. De manera general, el instrumental coercitivo se endurece al incrementarse la cuantía de las multas y el tipo de sanciones a aplicar. Son reconocidas como violaciones, el uso de testaferros para enmascarar los verdaderos dueños y la ocurrencia de hechos delictivos como tráfico de droga, proxenetismo y prostitución. Si bien esto es letra nueva, en la práctica ya se venía enfrentando hace tiempo y en algunos de los negocios privados cerrados recientemente están detrás estos problemas.

Lamentablemente, el espíritu de las nuevas reglas es el del “no”. Esa palabra está repetida 243 veces a lo largo de las 129 páginas. No obstante, hay un “no” que sí era necesario ver y que permanece ausente. Implica un cambio de filosofía. En lugar de elaborar un listado de actividades autorizadas, se impone la necesidad de un “no” que señale lo que se prohíbe hacer y dé así rienda suelta a la creatividad y el empuje de los cubanos para solucionar sus problemas económicos y contribuir con productos, servicios y tributos al país.

 

Entre lo más dañino y que generará seguramente insatisfacciones está la prohibición de tener más de una licencia, tal como se había anunciado.

La viceministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó dijo a la prensa: “Hay trabajadores que tienen una cafetería y al mismo tiempo tienen licencia de manicure o de fregador de auto, o de productor-vendedor de calzado. Eso no es posible. En la práctica, es un dueño que tiene muchos negocios, y esa no es la esencia y el espíritu del TCP, que consiste en trabajadores ejerciendo cotidianamente su actividad”

Las autoridades, además, tratan de explicarnos que no hay tal afectación porque apenas el 1,7 por ciento del total de cuentapropistas, poco más de 9,000, tienen más de una licencia. ¿Cuántos trabajadores han contratado esos 9,000 cubanas y cubanos? ¿Cuántas familias dependen de esos negocios que ahora tendrán que cerrarse? La cifra de afectados es superior, evidentemente.

Detrás de esta decisión en particular no hay un argumento económico, ni fiscal, sino político. Se trata del discutido tema de la concentración de propiedad.

Se pone como ejemplo la imposibilidad de gestionar a la vez una paladar y un negocio de manicure. ¿Y el que tiene una licencia de agente de ETECSA y además imprime documentos? ¿Por qué afectarlo a él, a su familia y a sus clientes? Esta es una de las medidas que seguirá propiciando la ilegalidad, pues alentará la proliferación de los prestanombres.

Otro “no” que ha sido ignorado por los medios pero que está escrito claramente en los nuevos documentos, es la precisión sobre a quién pueden prestarle servicios los cuentapropistas. La letra es clara y no se reconoce que un cuentapropista tenga como clientes a empresas extranjeras, estén radicadas o no en el país.

Este tipo de relaciones vienen generándose también desde hace tiempo, especialmente con los programadores de equipos de cómputos y diseñadores, una de las pocas opciones para que los profesionales puedan desenvolverse como trabajadores privados. Esta imperdonable omisión los empuja más hacia la ilegalidad, los aleja de tributar y contribuir sanamente a su desarrollo personal y al del país.

Algo que seguramente dará mucho de qué hablar en las próximas semanas es el tiro de gracia a las agencias inmobiliarias, las escuelas de idiomas, academias de repasadores, profesores de arte y gimnasios. Los titulares de estos negocios tendrán prohibido la contratación de fuerza laboral y solo podrán realizar las actividades a título personal.

Por otro lado, resulta muy preocupante ver el carácter retroactivo de este cuerpo legal: creará dificultades a negocios que se encuentran funcionando desde hace años en virtud de las leyes anteriores. Los reguladores tendrán hasta 120 días para verificar que los cuentapropistas trabajando en las 27 actividades detenidas hayan realizado las modificaciones pertinentes en sus negocios para cumplir con lo establecido ahora.

Eliminar, por ejemplo, una cafetería y una paladar conviviendo en una misma propiedad con tal de cumplir con las 50 sillas autorizadas, implicará afectaciones económicas considerables para empleadores y empleados.

Las consecuencias reales de todo esto lo veremos a partir del 7 de diciembre, cuando entre en vigor lo publicado por la Gaceta Oficial. No obstante, estos 11 meses innecesarios de espera han tenido las suyas:

– Continuó aumentando la emigración de jóvenes profesionales. No fueron pocos quienes, desalentados por el frenazo, cancelaron sus proyectos privados y hoy viven fuera de Cuba.

– Se ralentizó el ritmo de creación de empleo y pago de tributos al presupuesto del Estado, en una coyuntura económica que requiere todo lo contrario.

– Se generaron dificultades financieras para quienes congelaron sus ahorros y recursos en una inversión que no ha podido rendir beneficios en el plazo esperado.

– Crecieron las inconformidades entre los cubanos emigrados que pusieron recursos en función de los negocios para sus familiares y amigos, o se repatriaron para gestionarlos directamente.

– Se afectó la credibilidad de las reformas emprendidas por el gobierno y se creó una sensación de incertidumbre; fatal para el desarrollo del sector privado y para la atracción de inversión extranjera.

Las regulaciones aprobadas parecen más un programa para limitar y reprimir el crecimiento del sector privado que una política dirigida a fomentarlo e incorporarlo a las prioridades económicas de Cuba. Estas medidas decepcionan, tanto por el impacto que tendrán sobre el sector privado y el país como por el que deberían tener y no tendrán.

Aún queda una oportunidad –deseo creer– para ser coherentes y descorchar la dichosa botella: estamos a las puertas de reformar la Constitución. Entre tantas cosas (algunas más importantes que estas), tendrá que de una vez desbrozarse el camino para la implementación de la pequeña y la mediana empresa privada. Junto a las estatales, cooperativas y cuentapropistas, todos debemos poner el pie a fondo en el acelerador para que avancemos en la carrera por la prosperidad, el bienestar y el desarrollo nacionales.

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