Diputado opositor: "Queremos elecciones, no suspender a Venezuela de la OEA"


El diputado opositor venezolano Williams Dávila aseguró este jueves que lo que buscan no es que la Organización de Estados Americanos (OEA) suspenda a Venezuela del organismo, sino que ejerza presión para que el Gobierno de Nicolás Maduro convoque elecciones cuanto antes.

“Nadie quiere llegar a la suspensión de Venezuela en la OEA, no, lo que queremos es que se convoquen elecciones y se normalice la institucionalidad del país”, explicó Dávila en una entrevista con Efe en Washington.

Dávila asistió el pasado lunes a la sesión de la OEA en la que se adoptó una resolución que declara que en Venezuela hay “una alteración inconstitucional del orden democrático”, y aprovechó su visita para mantener reuniones con congresistas y funcionarios del Departamento de Estado.

En esa tensa reunión de la OEA estuvo sentado junto al también opositor Luis Florido, que preside la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela.

Dávila, miembro de esa Comisión, asegura que estar dentro de una sesión de la OEA sobre Venezuela habría sido “imposible” cuando el secretario general de la organización era el chileno José Miguel Insulza (2005-2015).

“Insulza ni siquiera nos recibía“, recuerda el diputado, a diferencia del actual secretario general, Luis Almagro, que se ha reunido con frecuencia con opositores de Venezuela y de otros países en sus casi dos años de mandato.

Ya en su primera Asamblea General como titular de la OEA, en junio de 2015, Almagro hizo una declaración de intenciones en ese sentido: “Como secretario general de la OEA, soy gobierno y soy oposición“, dijo ante los 34 miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la OEA pero no participa desde 1962).

Dávila, como los otros opositores venezolanos que han visitado Washington en las últimas semanas, está muy agradecido a Almagro por su presión al Gobierno de Maduro, con el que el diplomático uruguayo es una de las voces internacionales más críticas desde hace año y medio.

Como Almagro, Dávila considera que “la única manera” de resolver la crisis política y social de Venezuela “es convocar elecciones cuanto antes”.

“Si no se normaliza la institucionalidad en Venezuela, vamos por un despeñadero muy profundo”, advierte el opositor, que preside la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y de Planeamiento Estratégico del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

El Parlasur aprobó a finales de marzo la participación de los diputados de Venezuela en ese organismo pese a la suspensión del país en Mercosur, alianza que el pasado sábado declaró que en Venezuela hay una “ruptura del orden constitucional” y una “intromisión sistemática” por parte del Supremo en el Parlamento.

Dávila subraya que, aunque el alto tribunal dio marcha atrás en su decisión de asumir las facultades de la Asamblea, “hay 53 sentencias en contra” del Parlamento, en el que la oposición tiene mayoría desde enero de 2016.

Tenemos ya 117 presos políticos, todos los días hay diputados heridos, más amenazas de Maduro, ¿hasta cuándo va a seguir jugando con fuego? Puede venir un chispazo muy grave”, sostiene el opositor.

El diputado considera “muy positiva” la resolución de la OEA adoptada el lunes, a pesar de que el Gobierno de Venezuela ya ha dicho que la “desconoce” y la considera un “fraude jurídico y procesal”.

“Esa resolución pone en alerta y, si la situación se agrava, dice que habrá una cumbre de cancilleres”, destaca el opositor.

Sobre esa cita, que de momento se negocia entre las delegaciones de varios países de la OEA pero no se ha concretado, el diputado vaticina que la fecha de su celebración “dependerá de los acontecimientos” en Venezuela.

La estrategia de la oposición seguirá siendo mantener, por un lado, “la lucha internacional“, con reuniones con parlamentarios, cancilleres, universidades, sindicatos, estudiantes y organismos internacionales.

Y por otro, “la presión interna”, con protestas como las convocadas por la oposición hoy en Caracas y en otras partes del país a favor de las acciones emprendidas por el Parlamento contra siete magistrados del Supremo.

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