El eterno problema catalán: “Si van a descuartizar España, prefiero a Franco”


Se consumó el jaque a la legalidad y la Constitución que los secesionistas catalanes habían anunciado, declarándose de facto, insumisos. Sin embargo, nada hay que sea enteramente nuevo bajo el sol de la Historia. Sin tantas contemplaciones, sino directamente y casi a bocajarro, un Francesc Macià abalconado proclamaba el Estado Catalán en 1931. Aquella república duró un suspiro, apenas un parpadeo, lo que se tarda en acordar un Estatuto de Autonomía para Cataluña y, si ha de desplegarse la historia al completo, habría que añadir que la proclamación de Macià se dio con la confusión que genera la caída de un régimen y la implantación de otro.

De hecho, ni tan siquiera las expresiones son nuevas. Aunque en muchos casos no se sepa, cuando se habla del problema catalán no se hace sino parafrasear a Ortega y Gasset y su celebérrimo discurso en las Cortes Constituyentes de la II República, a cuento de la discusión parlamentaria sobre el Estatuto de Autonomía que las autoridades de la nuevamente dispuesta Generalitat (un organismo medieval reinstaurado por el Gobierno provisional republicano) habían presentado.

El Estatuto, declinando el año 1931, fue entregado al presidente provisional, Niceto Alcalá-Zamora. Entonces también hubo quien dijo frases parecidas a las que no hace mucho escuchábamos en España por uno (Zapatero: “aprobaré lo que venga de Cataluña”) y otro lado (Maciá: “Si no se nos concede el Estatuto, lo implantaremos”). Sin embargo ningún partido estaba dispuesto a liquidar la soberanía nacional o la unidad del país. Su debate quedó pospuesto a que las Cortes Constituyentes terminaran los trámites constitucionales. Lo que significaba que la nueva Constitución, que definía a España como un “Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y las regiones”, nacía ya con un tema pendiente.

Una autonomía para “fortalecer la unidad de España”

Y para solventarlo, se creó una Comisión que analizaría y estudiaría el texto remitido por la Generalitat. Su presidencia se adjudicó al periodista, Luis Bello, miembro de la azañista Acción Republicana y diputado por la unión de los republicanos y el PSOE. El 6 de mayo de 1932, cuando comenzó el debate en las cortes, Bello tomó la palabra y afirmó que la Comisión que presidía tenía que reformular varios artículos, empezando por el primero que consideraba a Cataluña como un Estado autónomo dentro de la República, lo que era abiertamente incompatible con la Constitución.

Miguel Maura, republicano de primera hora y ministro de Gobernación en el Gobierno provisional, en aquellos debates, afirmó que “el Estado integral no puede romperse” y menos pueden las Cortes permitir lo que pretendían las autoridades catalanistas: “una ciudadanía privilegiada” para los catalanes, que siendo ciudadanos españoles, serían también “ciudadanos catalanes” lo que suponía “el doble privilegio”.

Pero quizá, el alegato que en aquellas sesiones parlamentarias más extraño puede resultarnos hoy, habida cuenta de la tensión que desde las posiciones más radicales del secesionismo están alentando, es la de Lluís Compayns, gobernador civil con el Gobierno provisional, y luego diputado durante la Constituyente por Esquerra Catalana, que incluía candidatos de ERC, la Unión Socialista de Cataluña e independientes. Desde su escaño, Compayns afirmó: “Cataluña está preparada para la más amplia autonomía, y con ella, empezaremos la instauración de un régimen autonómico que contribuirá a fortalecer la unidad de España”. Resultó ser entonces Compayns, no el adalid de las aspiraciones nacionales que hoy veneran como a un santo laico los secesionistas, sino un preocupado diputado a favor de la unidad de España.

Infantería y proceso por rebelión

Pero el tiempo hace que las posiciones se reblandezcan y hasta muten su naturaleza. El mismo Compayns, en 1934, se declaró insurrecto, como ayer hicieron el Gobierno autonómico y los grupos parlamentarios que lo sostienen, y proclamó de nuevo el Estado Catalán. Los impulsores últimos fueron los mismos: los antisistema. Puigdemont y Junqueras bailan –muy gostosos- al son de la CUP, que es la que tiene el poder para incendiar la calle. Compayns lo hizo forzado por los grupos marxistas y anarquistas; es decir, por los padres de la CUP.

Pero, ¿no recuerda este viraje de Compayns al que realizó Artur Mas? Las comparaciones son odiosas, sobre todo si hay tanta diferencia entre uno y otro. Pero lo mismo que Compayns, Mas creía –así lo dejó dicho en infinitud de ocasiones- en una Cataluña dentro de España, con autogobierno, pero dentro de la Constitución. Hasta que le pidió bailar al antisistema.

El Gobierno de Lerroux declaró el Estado de Guerra. Lo que sucedió entonces fue parecido a esa frase que tanto se oye últimamente en tertulias de televisión y bar: “los tanques por la Diagonal”. Varias compañías de infantería y una batería artillera se deshicieron en pólvora y casquillos de tal suerte que, horas después, Compayns se rendía y quedaba abolida, por segunda vez en menos de diez años, la República de Cataluña.

El líder catalanista de entonces fue procesado por rebelión. Los de hoy, no porque no ha habido violencia, pero sí podrían serlo por el delito de sedición que regula el artículo 544 del Código Penal. Claro que, Compayns aceptó su suerte judicial con entereza y es dudoso que los actuales responsables de la Generalitat tengan un espíritu martirial tan acervado. Todo, hasta la emulación, tiene sus límites.

De la firmeza de Ortega a Azaña

Antes de la intentona de 1934, estuvo en las Cortes el debate sobre el Estatuto de Autonomía –conocido como el Estatuto de Nuria– en el que Ortega y Gasset participó vivamente. Para el filósofo, problema catalán era –y es- un problema sempiterno de España. Irresoluble. Un problema que sólo puede conllevarse, en gran medida porque nace de un sentimiento del que los nacionalismos –“y esto es lo lamentable de los nacionalismos”- se encargan de traducir en “concretísimas fórmulas políticas: las que a ellos, a un grupo exaltado, les parecen mejores”. Unas fórmulas que reciben la aprobación de unos y la pasiva aquiescencia de otros que no se atreven a alzar la voz, “porque no hay nada más fácil, faltando, claro está a la veracidad, que esos exacerbados les tachen de anticatalanes”.

Ortega, que representó a la perfección esa idea del filósofo más allá de su torre de marfil e involucrado en su tiempo hasta el tuétano, no puede ser tomado por un radical, consideró que aquel Estatuto, planteado en sus términos originarios, conduciría al país a una “catástrofe nacional” al aprobarse un texto repleto de lo que “pueda parecer amenaza de la soberanía unida” y con la moderación de la que parece que el actual Gobierno quiere hacer gala, le pidió a los nacionalistas que abandonaran sus ideas de soberanía.

Frente a Ortega estuvo Manuel Azaña, un autonomista convencido de quien se dijo que “fue” la República. Creía firmemente en que la aprobación del Estatuto pondría, si no fin, sí coto al problema catalán. Con ese espíritu contestó al filósofo días después (Ortega habló el 13 de mayo de 1932 y Azaña lo hizo el 27) en las Cortes, con una defensa cerrada del Estatuto, en su versión reformulada por la Comisión, y del sistema de autonomías.

Durante más de dos horas, con ese sentido alambicado y barroco, tan apegado como era Azaña a la grandilocuencia y los arrequives verbales, el presidente del Consejo de Ministros se deshizo en referencias históricas para ahormar la idea liminar de su intervención: que era un gesto de patriotismo la aprobación del Estatuto y que la integridad del país estaba fuera de todo riesgo.

“Prefiero a Franco”

Pero como alertó Ortega, y ha vivido España durante los últimos años, los nacionalismos tienen el engranaje de la oportunidad perfectamente engrasado. El optimismo que Azaña había demostrado en el debate estatuario comenzó a resquebrajarse, hasta que se rompió del todo tras el alzamiento militar de Franco. La Generalitat se preocupó más de sí misma que de la guerra.

Aquel “baluarte de la República”, como calificó Azaña a Cataluña, se despreocupó de la República. En sus diarios, Azaña escribió –y describió- la ruptura total con el espíritu que había alentado en 1932: “Yo nunca he sido lo que se llama españolista ni patriotero. Pero ante estas cosas me indigno. Y si esas gentes van a descuartizar a España, prefiero a Franco. Con Franco ya nos entenderíamos nosotros, o nuestros hijos o quien fuere. Pero esos hombres son inaguantables. Acabarían por dar la razón a Franco. Y mientras, venga poderes, dinero y más dinero”.

Han circulado estos días otras declaraciones del político ateneísta; unas que certeramente se le atribuyen y en las que de manera explícita reconoce algo parecido a lo que el secesionismo catalán llama el derecho a decidir. Lo que no ha constado es cuándo dijo Azaña a unos políticos catalanistas aquello de “sería justo permitirlo [la salida de España] y nuestro deber consistiría en dejaros en paz”. Y es que esas palabras las pronunció en San Sebastián, cuando se complicaban unos y otros para derribar la Monarquía. Y si se quiere hacer caer un régimen, se necesita cuantos más aliados y para lograrlos, puede uno decirles tantas palabras como sean necesarias para lograr su adhesión. Luego, llegado el momento, se vería.

Aunque las palabras más gruesas se ponen en boca del socialista Juan Negrín, presidente del Gobierno. Según Julián Zugazagoitia, ministro socialista, en 1938 dijo: “No estoy haciendo la Guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. Estoy haciendo la guerra por España y para España. No hay mas que una nación: ¡España!. No se puede consentir esta sórdida y persistente campaña separatista y tiene que ser cortada de raíz”.

Lo vivido esta semana en el Parlamento autonómico no constituye una novedad en la Historia de España. Sí, a todas luces, la amenaza más seria que ha vivido la democracia. La respuesta de entonces es la de hoy: la ley.

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