Juristas responden preguntas sobre el proyecto de Constitución (+Video)


Una herramienta interactiva que ayude a formarse opiniones y posturas informadas en el debate constitucional en Cuba ha sido nuestra apuesta en este momento trascendental.

El especial interactivo “La Cuba que viene…” pone a disposición de los usuarios y usuarias de El Toque los resultados de la investigación de varios juristas cubanos, de manera cercana y comprensible.

Entre ellos, Julio Antonio Fernández Estrada, Raudiel Peña Barrios y Eloy Viera Cañive, abogados de formación y tres jóvenes también preocupados por participar y contribuir en este debate.

Junto a ellos compartimos en días recientes la presentación pública de nuestro Especial, ocasión en la que se produjo un muy interesante debate con varios de los asistentes al encuentro.

Por el valor de los argumentos expuestos, hemos querido poner a disposición de ustedes las intervenciones íntegras, en texto y video, a manera de otro aporte para la lectura y formación de criterios, de cara a la decisión de apoyar o no el cambio en la Constitución.

Eloy Viera Cañive (EVC): A mí en el Especial lo que me correspondió fue un trabajo que no creo que haya sido excesivamente riguroso, simplemente es un trabajo que puede aportar desde el punto de vista visual, porque si bien lo que se hizo no fue tanto determinar las posibles remisiones que hacía la (propuesta de) constitución a normas posteriores, el análisis partió de determinar cuántas veces se mencionaba una ley posterior en el texto del proyecto constitucional que se nos ofrece.

Eso dio un total de 110 menciones en todo el proyecto y nosotros entendimos esas menciones como posibles remisiones. Lo cierto es que más de una de esas menciones puede hacer referencia a la misma ley, como es el caso de uno de los catálogos que según la comisión redactora fueron los más reforzados en el proyecto constitucional, que son los catálogos relacionados con el Debido Proceso, o sea, todos los derechos vinculados al Proceso Penal que remiten evidentemente a una ley de proceso penal que deberá ser emitida después de la aprobación del propio proyecto.

Eso nos llevó a otro análisis y era entender cuál de esas remisiones de la ley pudieran constituir un peligro o una deformación de la constitución, porque se le entregaba a un regulador posterior la capacidad establecer derechos constitucionales.

En ese sentido es muy interesante el ejemplo del actual artículo 60 del proyecto que tiene que ver con la Libertad de Expresión y Prensa en el cual se hace depender un derecho constitucional de una norma posterior, porque el texto constitucional reza que la libertad de expresión y prensa se ejercitará de conformidad con la ley, o sea, se está facultando a un legislador posterior para que establezca límites a un derecho constitucional y por tanto no hay mención a un derecho expreso en la constitución.

Esto, por supuesto, se complejiza en ese propio artículo porque es uno de los pocos donde se habla de una regulación indefinida. Se dice que el Estado regulará las formas de organización de los medios de prensa, pero no dice en que forma lo hará.

Esto tiene dos componentes de importancia, el primero es que en el glosario de términos del proyecto se establece que cuando se hace mención a la ley, no se habla de una norma emanada del parlamento, sino que se habla de una norma emanada de cualquier órgano del Estado, puede ser desde una resolución hasta un decreto, decreto ley o cualquier otra norma, porque ahora se incluye en el proyecto los decretos presidenciales.

El proyecto se ha acomodado a un grupo de normas de reciente promoción, que no serán derogadas, lo que permite por ejemplo que la Política de Comunicación aprobada en el último congreso de la UPEC sea el mecanismo para regular los medios de prensa, porque la constitución dice que el Estado lo regulará. El cómo es una facultad que tiene el regulador posterior.

En este sentido se hizo un análisis que implicaba además ver cuáles son las normas vigentes que explicaran que el regulador posterior tuviera la facultad de regular derechos constitucionales, comparándolas con la norma vieja.

Así sucede con los derechos relacionados con el debido proceso, donde se mencionan muchos derechos como el Habeas Corpus, el Habeas Data, pero se deja en manos del regulador posterior la ejecución de estos.

El Habeas Corpus es un derecho que no estaba reconocido en nuestra constitución, pero sí está reconocido en nuestra ley de Procedimiento Penal, de una manera completamente improcedente, porque una de las normas del Debido Proceso indica que todas las privaciones de libertad puedan ser combatidas ante una autoridad judicial y el diseño de nuestro Habeas Corpus legaliza todas las medidas de privación provisional impulsadas por la fiscalía, por tanto se cierra la posibilidad de acceder o discutir en un tribunal una medida de privación provisional, si esa medida proviene de la fiscalía, que es la autoridad competente para promover esto.

Por tanto, el diseño mismo de nuestra ley de Procedimiento Penal está errado con relación al Habeas Corpus y la manera que lo muestra hoy el diseño, que lo hace depender de una ley posterior, para nada implica un mandato constitucional que implique un cambio de autoridad, que pueda implicar la apertura de las puertas de los tribunales para discutir este tipo de cosas.

Esos son el tipo de análisis que se hicieron para la generación de la herramienta y eso nos dio la cuenta de cerca de cincuenta posibles deformaciones.

Hay un sistema de tarjetas en el Especial que implica un grupo que informaciones que explican cuál es ese riesgo, con las normas vigentes al reverso de cada una de ellas.

Las tarjetas están agrupadas artículo por artículo que menciona la ley y ofrece informaciones de este tipo.

La impresión general luego del análisis es que el modelo nuevo de Constitución ofrece un maquillaje a la constitución vigente, pero ciertamente hay muchas dificultades para la materialización de los derechos que se dicen se han incorporado.

 

Eloy Viera Cañive, abogado cubano, en un debate sobre el proyecto de nueva constitución para Cuba (2018)

Eloy Viera Cañive, abogado cubano, en un debate sobre el proyecto de nueva constitución para Cuba (2018)

Raudiel Peña Barrios (RPB): Mi participación en este proyecto fue revisar el tema de las remisiones que hace la constitución a determinadas leyes que de acuerdo a como está dicho en el proyecto constitucional habrá que adoptar.

En este tema quisiera resaltar que en la concepción misma del texto se ha estado diciendo oficialmente que este proyecto ha sido visto como un conjunto de normas mínimas, por tanto esa concepción nos da a entender que desde la estructura de poder se ha concebido la misma como una disposición normativa, la constitución que establece los requerimientos mínimos en materia de derechos, estructura del estado, garantías, economía y de ahí, creo yo, que parte la política de remitir constantemente a leyes que desarrollen y complementen dicho texto.

En mi opinión, el principal problema está en el concepto de ley que se ha manejado por parte de la comisión redactora del proyecto y que además se ha defendido públicamente desde el discurso oficial, que es el de interpretar el concepto de ley desde un sentido amplio.

Cuando se revisa la academia en materia de derechos constitucionales y teoría política, la doctrina tanto nacional como extranjera es, más o menos, unánime, en el sentido de establecer que cuando la constitución remite a una ley debe interpretarse en el sentido estricto del término, es decir como la disposición normativa emanada del órgano con facultad legislativa, en el caso cubano la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP)

Siguiendo con esta categoría, se supone que todas esas remisiones que la constitución hace a una ley deban ser a leyes que efectivamente adopte la ANPP. Esto es, teóricamente, como en el glosario del propio proyecto se ha incluido, el término en que se entiende ley no es en el sentido estricto, sino en uno más amplio, y como en la presentación del proyecto a la ANPP se dejó entrever que determinadas materias no tenían que estar reguladas en una ley, sino en otras disposiciones normativas, creo yo que ahí está el peligro o el riesgo de deformación.

Un riesgo de deformación está siempre cuando la constitución remite una ley, pues teóricamente la ley que se adopte no debería ni contradecir ni sobrepasar el reconocimiento constitucional de determinado aspecto, dígase un derecho fundamental o la estructura del estado, pues sería inconstitucional.

Pero al defenderse desde la comisión redactora la ley como término amplio, se está abriendo la posibilidad a que otros órganos que generen disposiciones normativas, que no son necesariamente leyes, puedan complementar entonces a la constitución, y ahí caemos en un campo de cierta inseguridad jurídica.

Primero, porque el proyecto que estamos debatiendo no reconoce la reserva de ley, que es una garantía constitucional que reserva determinadas materias para que solo pueda producirse intervención legislativa por el órgano con función legislativa, por el parlamento en otros países, por la ANPP en Cuba. El proyecto adolece de eso.

Otro elemento a tener en cuenta es la legitimidad del órgano, o sea, no es lo mismo una disposición normativa adoptada por un órgano como la ANPP, que es de legitimidad originaria o de primer grado, en tanto sus miembros son representantes populares electos por voto de la población, a que determinada materia constitucional sea determinada o regulada por una disposición normativa emitida por, digamos, el Consejo de Estado, que sería un órgano de legitimidad de segundo grado.

Por tanto, creo yo, por ahí pueden estar las claves para este asunto el no reconocimiento de la reserva de ley y el manejo de un concepto de ley muy amplio en una constitución que, ciertamente, en un ejercicio simple, se pueden encontrar más de 60 remisiones a leyes.

Quisiera ratificar algo: el proyecto de Constitución, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, reconoce un catálogo más amplio del que tenemos hoy, aunque adolece de otras cuestiones que después podríamos debatir.

En caso de la estructura del estado es mucho más compleja y, por tanto, serán necesarias las reglas complementarias que deberán estar contenidas en ley. Tendrán que ser muy explicitas en cómo equilibrar el ejercicio de poder por parte de esos órganos que hoy se incorporan en la estructura del estado.

Raudiel Peña Barrios, jurista cubano, participa en un debate sobre la nueva Constitución en Cuba (2018)

Raudiel Peña Barrios, jurista cubano, participa en un debate sobre la nueva Constitución en Cuba (2018)

Julio Antonio Fernández Estrada (JAFE): Mi participación en el especial fue con Ariel Dacal.

Nosotros trabajamos la comparación de la constitución cubana vigente con el proyecto, analizando los cambios, las ausencias, la eliminación de contenido, para permitir su visualización, porque muchas personas hablan del proyecto sin conocer la constitución vigente, hacen propuestas y demuestran su ansiedad con el proyecto con una clara evidencia del desconocimiento de la actual constitución.

Con esta comparación se puede ver con mayor claridad qué tiene este proyecto de nuevo, de interesante, en otros casos nuevo y no interesante y lo que le falta comparado con cualquier constitución del mundo de las más progresistas y avanzadas, incluidas las del nuevo constitucionalismo latinoamericano que parece no haber sido de las referencias más fuertes para la producción de este proyecto.

Parece ser otro tipo de constitucionalismo el que ha servido de referencia, así como que las constituciones anteriores de Cuba, empezando por la vigente, tampoco han sido referentes, debido a que hay elementos esenciales de la constitución vigente que me parecían muy fáciles de mantener y que, además eran pilares del sistema político, que sigue siendo el mismo, y que el propio proyecto defiende; que han sido eliminados del proyecto.

Elementos sociales, económicos y políticos, y también simbólicos, por tanto, este nuevo proyecto propone un nuevo proyecto de país, de Estado, de sociedad, de sistema económico, de sistema político, es mucho más grande que lo que los medios hasta ahora han divulgado.

Evidentemente todas las constituciones regulan todo esto que se ha dicho antes, pero aquí era muy importante que las personas supieran este tipo de detalles porque así se convoca a un tipo de consulta más intensa.

Por ejemplo, una de nuestras ansiedades de cuando hicimos este trabajo de comparación era notar cómo el capítulo seis de la constitución vigente, que trata el tema de la igualdad y que para mí es una de las columnas que sostienen el sistema social de igualdad y de justicia social en Cuba; ha sido borrado del nuevo proyecto ahora.

Parece que, en justicia de una técnica legislativa mejor, algunos de los contenidos de ese capítulo seis han pasado al capítulo de Derechos, que sin lugar a dudas es más amplio que la constitución vigente, mientras responden a los instrumentos internacionales que Cuba ha ratificado; pero en muchos de los casos es contradictorio la manera en que se han regulado.

Algunos quedan muy desdibujados y por otro lado hay derechos que no aparecen y lo más importante, democrático y socialista de la constitución vigente fue borrado de esa parte.

El capítulo seis dice que los cubanos (no dice nuestra constitución, ni vigente ni el proyecto, cubanos y cubanas) sin separación, pueden usar todos los trasportes aéreos, marítimos, ferroviarios, automotores, pueden ir a playas, hoteles, restaurantes, balnearios; pueden domiciliarse en cualquier barrio y ciudad del país.

Esto no aparece en el proyecto actual.

Se supone que es un ahorro de verbo. Alguien explicó en la ANPP que esta constitución trataba de hacer una especie de ahorro terminológico.

En ese pequeño artículo de la constitución, en el capítulo seis, se contenían un grupo de elementos, que el pueblo cubano utilizaba para defenderse de inconstitucionalidades que tuvimos durante más de 30 años.

Por ejemplo, no poder las cubanas y cubanos entrar en hoteles, el hecho de no poderse domiciliar o residir en cualquier barrio o ciudad del país, porque el decreto 217 del Consejo de Ministros del año 1997, regula de una forma diferente, especial y particular, de emigrar del resto de las provincias a La Habana y en algunos municipios de la Habana, cosa que era inconstitucional hasta el proyecto.

Esto nos hizo mirar el proyecto desde otro punto de vista. Noté durante la lectura de casi todo el proyecto que uno de los motivos de la comisión fue arreglar las inconstitucionalidades, pero no hacia adelante, sino hacia atrás.

Lo que se hizo fue eliminar la posibilidad de las inconstitucionalidades ahora sencillamente quitándola de la constitución, en lugar de progresar a la justicia social.

Por ejemplo, se corrige una inconstitucionalidad negativa, como el caso de la prohibición de la propiedad privada o la explotación del hombre por el hombre.

Existía propiedad privada económicamente hablando y existía explotación del hombre por el hombre, entonces el proyecto propone la inclusión de la propiedad privada y la eliminación de texto de prohibición de la explotación del hombre por hombre.

En el caso de los domicilios, se ha puesto el derecho de residir según conveniencia o emigrar, entrar y salir del país, pero inmediatamente después, en el segundo párrafo, dice que cualquier tipo de disposición normativa puede crear excepciones a esto.

Esa excepción ya existe en el decreto 217, e increíblemente con este párrafo el decreto mencionado (que es inconstitucional) ya es constitucional.

Que alguien mida una casa y con los metros cuadrados que esta posea determina si la persona a residir cabe o no en el domicilio. Te dicen en tu casa caben 3,4 personas, o sea, caben 3 personas y un helecho o un perro puder, porque si ya es doberman ya sería 3,5 (RISAS) No sé cómo les da fracciones, pero les da.

Por tanto, como he dicho anteriormente a mis alumnos de la universidad, cuando usted hace algo mal jurídicamente en la constitución tiene un efecto administrativo, porque alguien tiene que hacer cumplir eso.

Por ejemplo, ese decreto también permitía que la policía le preguntara a la gente en La Habana “¿de dónde usted es’?”, y según la razón (turno médico, visita al Latinoamericano, misión al extranjero, turismo) permitirte estar o no.

“¿Qué estás haciendo? Nada, estoy aquí, luchando, mirando, paseando, viendo. Respuesta: ¡No! Y te mandaban para tu provincia.” (RISAS)

Esa consecuencia administrativa de que se pudiera enviar a alguien hacia su provincia que está “injustificadamente” en La Habana, es porque han creado una normativa o proceso administrativo que viola la constitución. Por eso es tan importante que exista un órgano constitucional pues es la única alternativa a que este tipo de cuestiones caiga en manos de un órgano independiente que diga que la Habana no aguanta más.

Entonces, evidentemente, si no existen estos mecanismos las injusticias se van a acumular y son muchas las posibilidades de que se cometan injusticias.

Julio Antonio Fernández Estrada debate el nuevo proyecto de Constitución para Cuba.

Julio Antonio Fernández Estrada debate el nuevo proyecto de Constitución para Cuba.

JAFE: Esa fue la idea de análisis del proyecto desde una postura constructiva, pues sí creo que este tiene cosas positivas, como la regulación de derechos nuevos.

Es muy importante sobre todo que se diga que se van a ver como se ven los derechos humanos desde Naciones Unidas, así como, los instrumentos internacionales que Cuba ha ratificado van a pasar al ordenamiento jurídico.

Eso es importantísimo, que se diga por primera vez que Cuba es un Estado de Derecho, que se hable de supremacía constitucional, claro todo esto si luego es aplicado en la vida práctica. Porque en febrero tenemos constitución nueva, pero en marzo podemos tener algo que diga que algo nuevo es más importantísimo.

Por lo tanto, si no hay mecanismos de defensa de la constitución, no hay forma de preservar estas cosas.

Cuando uno observa las asambleas en las calles, ve que la gente se lo ha tomado muy en serio, aunque la televisión pone todos los días a alguien que quiere que el presidente se elija toda la vida, creo que hay otras cosas que la gente ha dicho.

También creo que hay otras cosas que no se han explicado correctamente y no se han llevado al nivel de importancia que tienen, como el tema de la República, qué significa vivir en una República.

Esto sigue siendo un pendiente político de Cuba pues hace que la gente siga aspirando a cosas que son contrarias al ideal republicano cubano de toda la vida.

En Cuba se lleva peleando hace más de 150 años por una República y el pueblo desconoce qué es una República y sigue pidiendo instituciones políticas monárquicas (presidencia indefinida, no votar por los políticos…) Esto es una cosa extraña para Ignacio Agramonte, Carlos Manuel de Céspedes, José Martí, para el Fidel del Moncada, que lo que querían era una República con órganos colegiados, que la gente votara, con alternancia del poder, el mismo partido de Martí era para liberar a Cuba y Puerto Rico.

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